En Pocito Dos empresarios quedaron presos tras realizar una estafa millonaria

En nuestro departamento Pocito una estafa millonaria dejó a dos empresarios sanjuaninos presos por la venta de lotes. Aseguran que un mismo lote se vendió hasta 3 veces.

Después de que dos empresarios sanjuaninos fueran detenidos, sospechados por una estafa de 300 millones pesos con la venta de lotes ubicados en diversos puntos de la provincia, uno de los denunciantes habló con un medio de San Juan y contó cómo inició el sueño que se transformó en una pesadilla, desde que adquirió el terreno donde pretendía construir su casa, 7 años atrás, hasta hoy que no consigue una sola documentación que respalde sus esfuerzos.

Carlos Giménez es una es una de las presuntas víctimas que acudió a la Justicia para que Héctor Andrés Storniolo, a su esposa Patricia Alejandra Nacif y Juan Mauricio Gallerano rindan cuentas por las supuestas maniobras delictivas que perpetraron, aprovechándose del entusiasmo y la buena fe de los inversores. Es que los acusados fueron imputados por estafa por vender terrenos sin escritura de por medio, con la promesa de urbanizar el loteo y de proveer los servicios básicos. Sin embargo, eso no ocurrió y los compradores se cansaron.

Así lo señaló la fiscalía, representada por Pablo Martín y Eduardo Gallastegui, que logró que dos de los tres imputados por la estafa millonaria fueran a parar al Servicio Penitenciario con prisión preventiva. Por su parte, la mujer quedó en libertad aunque bajo la lupa de los investigadores que no dan abasto con la recepción de denuncias, las que parecerían multiplicarse. En primera instancia son 40, pero se acumularían otras 25 que engrosarían el expediente.

Un reconocido medio de la provincia llegó hasta uno de los proyectos inmobiliarios situado en Pocito y dialogó con quien dijo ser uno de los tantos perjudicados por los dueños de las firmas Tramonto, Nido Construcciones y Casa Noble. Giménez detalló que en 2017 compró su terreno y que, pese al paso del tiempo, todavía no puede escriturar a su nombre. Señaló que tampoco cuenta con los servicios básicos como luz y agua, lo que hace imposible habitar el lugar más allá de lo avanzada que pueda estar su edificación.

Según contó el hombre, el proyecto inmobiliario localizado en Lemos pasando Calle 5, en Pocito, tiene unos 63 lotes y se estima que todos fueron vendidos. Incluso, aseguró que hubo parcelas que fueron vendidas más de una vez a diferentes personas. «Acá hay un mismo terreno que fue vendido a tres personas distintas. Primero vino un hombre con los documentos, después una mujer. Yo los vi a los dos con los papeles, peleándose para ver qué documento tenía más valor. Una locura», argumentó.

Acorde manifestó, la primera promesa que le fue incumplida a él fue que, una vez que comprara el terreno, en 30 días tendría las conexiones correspondientes de agua y de luz. Sin embargo, eso nunca sucedió. Hasta hoy, al barrio cerrado cuenta con luz de obra y permanece sin agua potable. De hecho, un reservorio es la fuente de alimentación de agua para riego y la construcción de las viviendas.

El denunciante indicó que hasta hace unos 6 meses, las empresas vinculadas con los detenidos ofrecían lotes para la venta y que las promesas eran similares. Lo cierto es que, pese a que las construcciones están avanzadas, nadie pudo irse a vivir al sitio por falta de los servicios básicos. «Acá se paga una sola boleta de luz y encima, más de una vez, la han cortado por falta de pago. Es increíble», aseveró.

En líneas generales, la experiencia personal del interlocutor resultó tortuosa desde el principio, ya que luego de pagar de contado el terreno, debió luchar hasta para tener la posesión del mismo porque ni siquiera podía entrar al loteo. El motivo fue que el loteo en verdad no le pertenece a la empresa constructora, sino a una tercera persona que también se habría visto afectada y, frente al perjuicio, no permitía que nadie accediera al terreno.

Las firmas de Storniolo y Gallerano le habían prometido a la dueña originaria de la propiedad la construcción de 7 viviendas en el lugar, con tal de obtener el usufructo del terreno de grandes proporciones. Así fue que los empresarios en la mira pudieron empezar a comercializar los lotes. No obstante, al no cumplir con la terrateniente, esta les negó el paso al resto de los inversores que habían comprado su espacio, como Giménez.

Después de un revuelo y la tensión entre las partes, en las que tuvo que intervenir personal policial, desde las empresas concretaron una parte de lo que le habían prometido a la mujer y ésta cedió. De esta manera y al cabo de dos años, tanto Giménez como otros propietarios pudieron ingresaran al loteo. Más tarde, se construyó una entrada independiente que, en apariencia, ostenta un distinguido barrio residencial, pero que detrás de esa fachada esconde decenas de personas que reclaman por sus derechos.

Giménez explicó que, cuando tomaron posesión de los terrenos, iniciaron las edificaciones con la esperanza de que las empresas implicadas resolverían las trabas administrativas que decían tener y así, finalmente, tendrían no sólo los servicios sino que podrían escriturar. No obstante, para lo único que sirvió fue para que los damnificados comenzaron a conocerse las caras y a unirse en el reclamo. Dijo que armaron grupos de WhatsApp y descubrieron que no eran los únicos, sino que habían otras personas en dramas similares a los suyos, aunque en sitios de la provincia.

El denunciante señaló que hay loteos en las mismas condiciones que el suyo, uno en Calle 10 y Mendoza y otro en Progreso, en el Médano de Oro. «Esos terrenos son más grandes y por lo tanto hay más gente damnificada. Como muchos compraron por inversión, ni siquiera saben de todo esto. Cuando quieran escriturar, van a tener el problema», manifestó quien se mostró preocupado por la situación.

Además del proyecto inmobiliario hay otros loteos en la causa. Ellos son Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas, los que presentan las mismas irregularidades, tal como lo planteó la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, en la audiencia de formalización.

En la misma, la jueza Flavia Allende les dicto prisión preventiva por 30 días a Gallerano y Storniolo, mientras que a la esposa de este último quedó en libertad. «Ella también es parte de todo esto, acá se hacía pasar por arquitecta, dirigía las obras y todo. En cambio, en las oficinas, decía ser secretaria. Sea como sea, ella sabía y era partícipe de todo esto», expresó.

Fuente: Tiempo de San Juan

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