A horas de su tratamiento en el Senado, el Gobierno nacional introdujo 28 modificaciones al proyecto original de modernización laboral. Así lo anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de las negociaciones que el oficialismo mantuvo con gobernadores, la CGT y cámaras empresariales para garantizar los votos necesarios durante el período de sesiones extraordinarias.
La intención del Ejecutivo es que la iniciativa pueda ser incluida por el presidente Javier Milei en su discurso del 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa. El debate en la Cámara alta está previsto para este miércoles a las 11.
Cambios tras la presión de los gobernadores
Uno de los principales puntos de conflicto fue el capítulo fiscal del proyecto. Desde diciembre, cuando la propuesta ingresó al Senado, las provincias advirtieron que la reforma implicaba una reducción de $1,9 billones en los fondos coparticipables.
Frente a esa presión, el Gobierno eliminó el artículo que proponía bajar del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. También se quitó el artículo 190, cuestionado incluso por mandatarios provinciales cercanos a la Casa Rosada.
El oficialismo no contaba con los votos suficientes para sostener esos puntos y, según trascendió desde las provincias, el propio Ejecutivo consideraba que esa reducción podía comprometer el objetivo de superávit fiscal.
Lo que consiguió la CGT
En la negociación con la central obrera, la CGT logró preservar aspectos clave vinculados al financiamiento sindical.
Se mantendrá por dos años el aporte solidario obligatorio a los gremios, aunque con un tope del 2%. Actualmente, algunos sindicatos aplican hasta un 4%. Además, las empresas continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas sindicales.
Tampoco prosperó la reducción de las cargas patronales destinadas a las obras sociales, que seguirán en el 6% y no bajarán al 5% como proponía el texto original. Desde el sindicalismo advertían que esa modificación profundizaría el déficit del sistema.
La derogación de estatutos y regímenes especiales comenzará a regir 180 días después de la sanción de la ley.
Sin embargo, la CGT no logró frenar la limitación del derecho de huelga en los servicios esenciales, ni el artículo que exige autorización de la patronal para realizar asambleas en los lugares de trabajo, que permanecen en el proyecto.
Acuerdos con el sector empresario
En paralelo, el Ejecutivo acordó con cámaras empresariales mantener el aporte obligatorio a estas entidades con un tope del 0,5%.
También se ratificó la bancarización obligatoria para el pago de salarios, descartando la posibilidad de utilizar billeteras virtuales.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos sin causa. El esquema prevé un aporte del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas.
En materia judicial, se estableció que las indemnizaciones en juicios laborales se calcularán únicamente sobre el salario, sin incluir aguinaldo ni vacaciones. Además, las sentencias podrán abonarse en cuotas: hasta seis en el caso de grandes empresas y hasta doce para pymes.
Por último, el proyecto amplía el listado de servicios esenciales y trascendentales, lo que impactará en la regulación de medidas de fuerza.
Un proyecto con modificaciones clave
Con estas 28 modificaciones, el Gobierno busca equilibrar el respaldo político necesario para avanzar con una de las reformas estructurales que considera centrales en su programa económico. El resultado de la votación en el Senado será determinante para definir si la iniciativa logra superar una de las pruebas legislativas más complejas desde el inicio de la gestión libertaria.
Fuente: Diario 247 San Juan
